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César Montúfar (Concertación Nacional) y Fausto Cobo (PSP) “encendieron todas las alarmas”, ayer. En rueda de prensa enumeraron al menos cinco amenazas a la libertad de expresión que trae el borrador del informe complementario a la ley de medios, “hecho con una visión totalitaria”.

Uno: regula y prohíbe contenidos en todas las plataformas tecnológicas, es decir cruza líneas que no se había tocado antes al intentar controlar la internet.

En el art. 14, al hablar de la responsabilidad ulterior civil y administrativa de los medios de comunicación, por informaciones de relevancia pública, obliga a que los medios verifiquen la identidad de quienes emitan comentarios, en sus páginas web.

A Montúfar le preocupa que no se entienda que la comunicación es bidireccional. “En el futuro, un ciudadano puede ser ubicado como crítico y lo van a sancionar”.

Según el oficialista Rolando Panchana, esa fue una propuesta de su compañera María Augusta Calle. Está basada en el Código de Ética de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), que estipula que cuando el locutor recibe una llamada tiene la obligación de pedir que quien llame se identifique y si no lo hace, debe cortar. Aunque, Panchana coincidió en que el radioescucha puede inventar un nombre, en ese caso.

El artículo, según dice, “busca que alguien se haga responsable de un comentario porque lo lee un millón de personas y el afectado no sabe a quién enfrentar porque escribe con un seudónimo”.

Panchana indica que se deberá establecer un mecanismo de acceso a la página web. Así quien quiera comentar una noticia se registrará con una cédula, dirección, teléfono… “Si esos datos mañana son falsos, la responsabilidad no es del medio sino de la persona que falsificó. El Consejo de Regulación deberá establecer un formato idéntico, para todos”.

Andrés Herman, investigador en temas de internet del Instituto de Altos Estudios Nacionales considera que “este artículo violenta el derecho de opinar de las personas”. Se pregunta si se hace para “acabar con la oposición y monopolizar espacios de comunicación”. “Se puede seguir la dirección de los comentarios, al mirar los códigos IP o el número que identifica la procedencia de la red, pero es difícil dar con quienes escriben desde cybercafés”.

El segundo punto polémico del informe de Andino es la poca claridad al definir los mensajes discriminatorios, que no “estén debidamente contextualizados”.

En el art. 5 se dice que es todo lo que se difunda, por cualquier plataforma tecnológica, que denote distinción, exclusión o restricción… En el art. 6, que es todo contenido que busque menoscabar o anular el reconocimiento, goce de ejercicio de los derechos…

A los legisladores les llama la atención el art. 10, que establece que contenido violento es todo mensaje que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza, “tanto en contextos reales, ficticios o fantásticos”.

A los legisladores les suena “delirante” y se preguntan si la frase “Yo corto una flor”, pudiera ser entendida como material violento.

Tres: incremento de atribuciones del llamado Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Entre otras cosas se deja en sus manos la calificación de lo que es contenido violento. Y le da el poder de obligar a los medios a rectificar. También debe diseñar e implementar políticas públicas de comunicación, lo que pudiera convertirlo en un ministerio.

Cuatro: hay una transformación punitiva del principio de responsabilidad ulterior. Esto porque en el art. 13, que la define, no se explicita la prohibición de censura previa. Y cinco: se excluye a las empresas de publicidad, productoras y consultoras en comunicación de la ley, lo que la convierte solo en una ley de medios.

El texto borrador fue distribuido por Mauro Andino, el miércoles anterior, a las 19:00, a los otros 10 integrantes de la mesa. Según el acuerdo, en 5 días, debía convocar a la sesión, para votarlo. Aunque los oficialistas Betty Carrillo y Panchana indicaron que la sesión sería hoy, la oposición de la mesa no recibió la convocatoria.

Andino dijo no encontrarse en Quito y no poder contestar vía telefónica porque “no por EL COMERCIO, pero quiero grabar mis intervenciones, para evitar que las descontextualicen”.

Las reacciones no tardaron en llegar

Paúl Mena, miembro del Foro de Periodistas, cree que el planteamiento del oficialismo es demasiado amplio y, por lo tanto, se volverá inaplicable.

“Rompe el principio básico de lo que es la Internet y el Ciberespacio”. “Hay mucha gente que comenta en una web y no es de este país, esa persona no tiene por qué ser regulada”. A su juicio, controlar las redes sociales es atentar contras las libertades.

En la página web de EL COMERCIO, la noticia abrió un debate sobre un posible control a los medios electrónicos. Los puntos de vista llegaron de usuarios a los que les parecía peligroso que se controle la opinión de ciudadanos.

Ángel Vilema, de Alianza País, dijo no estar de acuerdo con el contenido del borrador del informe. “Es de Andino y de sus asesores”, manifestó.

Fuente:

elcomercio.com

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